Foto: GOBIERNO DE ARAGÓN
MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, que fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de julio, permitirá que en los próximos diez años el consumo privado en España crezca un 1,8% y que la inversión privada se incremente en medio punto, de tal manera que en la próxima década el Producto Interior Bruto (PIB) se vea incrementado en 15.000 millones de euros, es decir, el 1,5%.
Así consta en la memoria de impacto de la normativa, a la que ha tenido acceso Europa Press y en la que el Ministerio de Economía incluye un cuadro con los efectos macroeconómicos esperados por la "profundización" en la unidad de mercado.
En concreto, durante el primer año de aplicación de esta ley el PIB aumentará un 0,15%, el consumo privado lo haría en 0,18 puntos y la inversión privada, en 0,05%. Por su parte, las importaciones subirían apenas un 0,01% mientras que las exportaciones lo harían el 0,08%.
Sin embargo, en el largo plazo --unos diez años--, el PIB llegaría a experimentar un crecimiento del 1,52%, tal y como ya anunció el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, al presentar el proyecto de ley. Además, el consumo privado se incrementaría un 1,8% y la inversión privada, un 0,51%. Por su parte, el efecto en las inversiones sería bastante reducido (+0,08%) pero se beneficiaría a las exportaciones, que crecerían un 0,82%.
MENOS CARGAS ADMINISTRATIVAS
Y todo gracias, fundamentalmente, a una reducción de cargas administrativas, una simplificación de los procedimientos burocráticos y una aplicación de las mejores prácticas en las diferentes comunidades autónomas, partiendo del principio de licencia única, que permitirá que los operadores económicos apliquen su legislación de origen para operar en todo el país sin tener que recurrir a especificaciones diferentes o permisos especiales.
La normativa "no está orientada a procedimientos concretos", sino que será necesario "revisarlos todos con el objeto de eliminar los que resulten redundantes" y de dar "mayor coherencia entre las normas de las diferentes administrativas". Para ello será necesaria una gran coordinación y colaboración entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
De esta manera, el Ejecutiva estima que conseguir una unidad de mercado "efectiva" podría permitir reducir un 35% las cargas administrativas asociadas a la creación de empresas, lo que en términos de PIB se cifra en una mejora del 0,97%, además de permitir un incremento del trabajo productivo del 2,07% respecto del empleo total al "liberarse" parte de los trabajadores que antes realizaban las funciones administrativas para desempeñar otros trabajos.
Asimismo, la Ley de Unidad de Mercado aportará una mejora de la competencia, al acabar con un marco regulatorio "muy pesado" que "desincentiva las inversiones y la incorporación de nuevos entrantes", lo que redundará en un "incremento potencial de la variedad de operadores, de su capacidad de competir y de los incentivos para ello".
Según el Gobierno, estos cambios beneficiarán sobre todo a las pymes, que "verán reducidos sus costes y ampliadas sus posibilidades de mercado" pero también a los consumidores y usuarios e incluso las propias administraciones públicas, que además de ahorrar podrían incluso ingresar más por los diferentes conceptos tributarios, aspecto éste que no está cuantificado en la memoria.
En cualquier caso, la ley no prevé un aumento de presupuesto ya que la cooperación entre administraciones se realizará en el marco de las estructuras ya existentes y sin incrementos de las dotaciones presupuestarias o de personal.
COMPETITIVIDAD PERDIDA
Con todas estas medidas, asegura el Gobierno, se crearán condiciones "más favorables" para la inversión, se podrán superar costes fijos, aumentará la productividad y se promoverá el desarrollo económico y el empleo, aprovechando todas las oportunidades de crecimiento y acabando con la "dispersión normativa" aplicada en las últimas décadas y que ha provocado pérdidas de competitividad en España.
"Existe evidencia empírica suficiente para afirmar que la actividad regulatoria en las regiones españolas tiene costes en términos de bajo crecimiento de la productividad y, por ende, de crecimiento económico", asegura el documento, en el que se indica que mientras las normas aprobadas por el Estado se han mantenido en el entorno de las 2.000 (y siempre por debajo de las 3.000) desde 1978 y hasta el año 2011, las promulgadas por las comunidades autónomas han pasado de apenas un centenar al inicio de la Democracia a más de 10.200 hace dos ejercicios.
De hecho, en la memoria se afirma que "la reducción de la productividad en la economía española entre los 80 y la mitad de la primera década de los años 2000 podría haberse evitado si la actividad regulatoria hubiera sido menor" y avisa de que el impacto de la intensidad regulatoria afecta de forma "desigual" a las empresas, perjudicando más a las de "mayor innovación" y produciendo una "asignación ineficiente de los recursos".
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